Denuncia penal contra Caminos de las Sierras por sobreprecios y opacidad

Foto: Beltran Corvalán denuncia a Caminos de las Sierras | Cedoc

En un movimiento que promete sacudir las estructuras administrativas de la provincia, el Tribunal de Cuentas de Córdoba ha presentado una denuncia penal contra Caminos de las Sierras. La acusación, liderada por el presidente del Tribunal, Beltrán Corvalán, y la primera vocal, Fernanda Leiva, se centra en el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de los directivos de la empresa. Este organismo de control ha manifestado su frustración ante la falta de respuesta a reiteradas solicitudes de rendición de cuentas, lo que ha llevado a una acción legal sin precedentes.

Corvalán no escatimó palabras al describir las razones detrás de la denuncia: "Tenemos serias sospechas de sobreprecio en las contrataciones, de trajes a medida, y no se cumple con el deber constitucional porque si vos administrás fondos públicos tenés que rendir cuentas, tenés que ser transparente. Estos fondos públicos son de todos los cordobeses". La gravedad de las acusaciones radica en la administración de recursos que pertenecen a la comunidad cordobesa, y la falta de transparencia es vista como una violación directa de la confianza pública.

La denuncia es el resultado de un prolongado conflicto institucional que comenzó en diciembre de 2025. Durante este tiempo, la Secretaría de Fiscalización Presupuestaria del Tribunal de Cuentas envió múltiples requerimientos al presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos. Estos requerimientos solicitaban documentación sobre diversos aspectos de la gestión de la empresa, incluyendo el mantenimiento de la red de accesos a Córdoba, las cabinas de peaje, y los procedimientos de compras y contrataciones. Sin embargo, las respuestas de Bañuelos han sido consistentes en su negativa, argumentando que los ejercicios ya habían sido auditados y aprobados.

El Tribunal de Cuentas ha rechazado esta postura, insistiendo en que la ausencia de hallazgos previos no limita su capacidad de auditoría. Según el organismo, el control de legalidad es una potestad continua e irrenunciable, respaldada por la Constitución Provincial y la Ley 10.930. La vocal Leiva ha destacado casos particularmente preocupantes, como el contrato de alimentos para los empleados de la empresa, que se renueva sin licitación desde 2014, y la Autovía de la Ruta 38, cuyo costo se incrementó un 150% sin procesos licitatorios adecuados.

Además, Caminos de las Sierras ha cuestionado la competencia del Tribunal para requerir cierta documentación técnica, sugiriendo que estas atribuciones corresponden al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP). Para el Tribunal, esta postura es inaceptable, ya que implica que la empresa se arroga la potestad de definir las facultades del organismo de control.

La denuncia se dirige específicamente contra Julio Bañuelos, presidente del directorio de una sociedad cuyo capital es completamente provincial, lo que lo equipara a un funcionario público. La conducta descrita podría encuadrarse en el artículo 249 del Código Penal, que tipifica el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, los denunciantes no descartan que la investigación revele otras figuras penales aplicables.

El Tribunal de Cuentas ha subrayado que la administración de fondos públicos conlleva una obligación constitucional de transparencia y rendición de cuentas. La negativa sistemática de Caminos de las Sierras a proporcionar la información solicitada ha dejado al organismo sin otra alternativa que recurrir a la justicia. Esta denuncia marca el inicio de una nueva fase en el control de una empresa que gestiona recursos vitales para la provincia de Córdoba.