En un momento de creciente preocupación por el impacto económico en los hogares cordobeses, los intendentes y jefes comunales del Valle de Punilla han alzado su voz junto a la Provincia para rechazar el proyecto del gobierno nacional que busca modificar y recortar el régimen de zonas frías. Este lunes, el gobernador Martín Llaryora lideró una reunión crucial en el Centro Cívico, donde se congregaron mandatarios locales de los 13 departamentos afectados, incluyendo al intendente de Tanti, Emiliano Paredes.

La Mesa de Trabajo Provincia–Municipios aprobó una resolución conjunta que unificó el reclamo de intendentes de todo el espectro político, desde el oficialismo provincial hasta el radicalismo, el vecinalismo e incluso representantes de La Libertad Avanza. La exigencia es clara: instar a los legisladores nacionales a detener la iniciativa en el Congreso, que amenaza con un fuerte impacto en la economía de la región.

Para el Departamento Punilla, la preocupación es doble. No solo se teme el efecto directo en los hogares serranos durante los fríos meses de invierno, sino también el impacto indirecto sobre la actividad turística y comercial, que es el motor económico de la región. «Dicen que Córdoba no es zona fría; los invito a que vengan a las Altas Cumbres (...) con temperaturas de 6 grados bajo cero a ver si no hace frío», argumentó con firmeza el gobernador Llaryora.

De avanzar la propuesta del gobierno de Javier Milei, las facturas de gas natural podrían experimentar aumentos drásticos de entre el 42% y el 100%. En una región con una topografía y un clima que demandan un alto consumo calórico invernal, la eliminación del beneficio es vista como un golpe devastador a la economía doméstica. A nivel provincial, el impacto sería masivo, afectando directamente a los vecinos de las localidades cordobesas.

Actualmente, el 87% de los usuarios residenciales de gas en Córdoba acceden al subsidio. Más de 2,2 millones de cordobeses están amparados por el régimen, y 688 mil familias reciben el beneficio, con 280 mil obteniendo un descuento del 30% y 408 mil accediendo al 50%. El bloque de intendentes coincidió en que la defensa del territorio debe estar por encima de las divisiones partidarias.

En sintonía con esta postura, Llaryora destacó la madurez de los mandatarios locales al afirmar: «Córdoba muestra que se puede llegar a acuerdos más allá de las ideologías. Acá no promocionamos la grieta». Por su parte, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, subrayó la gravedad de la situación, señalando que, sumado a los incrementos previos, una familia cordobesa podría llegar a pagar más del doble de lo que abonaba el año pasado si se elimina este derecho.

Tanto los representantes de Punilla como los de otros departamentos del sur y del centro provincial exigieron que cualquier modificación se debata en una instancia federal con la participación de las provincias y los municipios. Han instado formalmente a los diputados y senadores nacionales por Córdoba a votar en bloque en contra del proyecto oficial, buscando proteger los intereses de sus comunidades.