El crecimiento del narcotráfico en Punilla no puede explicarse únicamente por la aparición de bandas locales o dealers barriales. Durante las últimas dos décadas, el valle atravesó una transformación profunda: más población, más turismo, más urbanizaciones, más rutas, más barrios abiertos y una expansión constante de la actividad comercial e inmobiliaria.

En ese contexto, la Ruta 38 pasó de ser solamente una vía turística a convertirse en un corredor estratégico para múltiples actividades. Su conexión directa con Córdoba capital, Cruz del Eje, La Rioja y el norte argentino la volvió especialmente atractiva para el traslado de drogas, dinero, vehículos y personas.

Mientras distintos dirigentes políticos gobernaban Punilla, el crecimiento urbano avanzó mucho más rápido que los controles de seguridad. Nuevos loteos, barrios alejados, zonas semirrurales, alquileres temporarios y una fuerte circulación de personas generaron condiciones ideales para que las bandas pudieran moverse con mayor facilidad y menor visibilidad.

A eso se suma un fenómeno que preocupa a investigadores y fiscales: el turismo masivo funciona muchas veces como cobertura involuntaria para actividades ilegales. En localidades donde miles de personas entran y salen cada fin de semana, resulta más sencillo ocultar movimientos extraños, alquileres de corta duración, casas utilizadas como puntos de acopio o vehículos que circulan sin despertar sospechas.

Las bandas narco también encontraron en Punilla un mercado en expansión. El crecimiento de fiestas electrónicas, boliches, eventos, alquileres temporarios y consumo recreativo aumentó la demanda local, sobre todo en ciudades como Villa Carlos Paz, Cosquín, La Falda, Capilla del Monte y Santa María de Punilla.

Otro factor clave fue la conectividad. La Ruta 38 permite distribuir droga tanto hacia Córdoba capital como hacia otras provincias, mientras que caminos alternativos serranos y rutas secundarias ofrecen múltiples vías de escape o desvío. Esa combinación convirtió al corredor en una zona logística cada vez más valiosa para organizaciones criminales.

Hasta ahora, las investigaciones públicas apuntan principalmente a bandas locales, narcomenudeo, distribución regional y estructuras delictivas independientes, sin pruebas firmes que involucren directamente a dirigentes políticos concretos.